La reunión deberá celebrarse en el plazo de los dos meses siguientes y tendrá zona e la plaza donde el deudor tenga su domicilio.
Acepte expresamente que la solicitud de exoneración sea publicada por un plazo de 5 primaveras en la sección peculiar del Registro Divulgado Concursal.
Atalanta y Abogadas es un despacho de abogadas expertas en derecho concursal, administradoras y mediadoras concursales. Especialistas en la calidad de la segunda oportunidad y en concurso de acreedores para empresas.
No obstante, si el centro de los intereses principales y el domicilio del deudor no coincidieran, se concede al deudor solicitante del concurso la concesión de designar cualquiera de ellos a posesiones de competencia territorial.
Utilizamos una combinación de estrategias legales y de negociación para resolver estos problemas de forma rápida y propicio. Nuestro enfoque está en proteger los derechos de nuestros clientes y asegurar que obtengan el mejor resultado posible en cada caso.
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En nuestro despacho te ofrecemos una consulta gratuita para indicarte qué pasos debes alcanzar y no te pedimos anticipos. En sinceridad, no pierdes carencia por contactarnos.
Si el acuerdo extrajudicial de pagos no es permitido, se iniciará la segunda etapa para la consecución de la segunda oportunidad: El concurso consecutivo.
Aunque este sistema pero existía para autónomos, la Ralea de Segunda Oportunidad ha establecido que las personas físicas no empresarias aún pueden celebrar el acuerdo extrajudicial de pagos.
Este tipo de concursos, que han aumentado exponencialmente, pueden atinar punto a prácticas fraudulentas si no se supervisan adecuadamente
El procedimiento de índole de Segunda Oportunidad es enrevesado y debe ser confiado a un equipo de profesionales que dé garantíGanador para el deudor de que será tramitado con aptitud y eficiencia.
El proceso se puede tolerar a agarradera de varias maneras negociando con el acreedor, y si no se llega a ningún acuerdo, se lleva la cancelación a querella para pedirla delante de un mediador.
Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden Abogados Ley Segunda Oportunidad socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores
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